La justicia holandesa ordena que el Gobierno reduzca emisiones de CO2
No
hay precedentes de esta sentencia en otros países del mundo. Los jueces
argumentan que las autoridades “tienen la obligación de proteger a los
ciudadanos”.
La
justicia holandesa ha sentado un precedente este miércoles al ordenar
al Gobierno que reduzca, con medidas más eficaces que las actuales, el
avance del efecto invernadero. Los jueces han fijado incluso una meta
concreta: para el año 2020 debe haber una rebaja de un 25% de los gases
que provocan el calentamiento de la Tierra (CO2), en lugar del 16%
marcado por la actual política medioambiental. Urgenda, la ONG que
demandó el pasado abril al Ejecutivo arropada por un millar de
ciudadanos, ha calificado la decisión judicial de “histórica”. No en
vano es la primera vez en el mundo que un grupo de civiles recurre a la
legislación europea sobre derechos humanos -y al derecho de daños- para
pedir que se ponga coto a la contaminación.
“Es una victoria en toda regla. Algo a lo que siempre hemos aspirado y
el mundo decía que nunca lograríamos”, ha dicho Marjan Minnesma,
directora de Urgenda, nada más anunciarse el fallo. Según ella, las
palabras de los jueces sientan jurisprudencia y otros países podrán
reclamar en casos similares. Cabe, eso sí, la posibilidad de recurrir
por parte de los abogados del Estado.
En
su argumentación, sus señorías subrayan que las autoridades “tienen la
obligación de proteger a los ciudadanos de los grandes peligros
derivados del cambio climático”. También recuerdan que, a veces, “los
jueces deben ocupar el sitio de los gobernantes cuando se trate de
ejercer dicha protección para evitar maniobras injustas”. Y en el caso
del clima, la población sufre directamente las consecuencias de la
inacción .
“Para evitar males mayores, para 2020 habría que reducir entre un 25% y
un 40% las emisiones de CO2. Un 25% es, por tanto, una cifra asumible.
También desde el de vista del coste derivado de las medidas que deberán adoptarse”, añaden.
Los jueces han descartado las razones esgrimidas por los representantes ,
que temen el rechazo de las empresas, e incluso el abandono de suelo
holandés, si estas son presionadas para controlar la contaminación que
originen. Aunque la sentencia admite que el Estado reconoce la validez
de los informes científicos sobre el cambio de clima, y en sí mismo no
contribuye a ello, “sí tiene el poder y la obligación de influir a su
mejora”. En el caso holandés, el impulso recibido por grupos de
activistas como Urgenda será notable. Con un 24% del territorio nacional
por debajo del nivel del mar, la subida de las temperaturas, y de las
aguas, resultaría nefasta. A su vez, servirá para actualizar la imagen
del país, pionero en asuntos medioambientales, pero también uno de los
grandes contaminantes por culpa del puerto de Róterdam, y de la
industria petroquímica. (Por Isabel Ferrer; El País – España)
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