Europa denuncia la falta de planes contra el terrorismo en nueve puertos
El Gobierno no ha aplicado al completo una directiva de 2005 para el control de los ferris
Varios turismos embarcan en un ferri en el puerto de Algeciras. / andrés carrasco
La Comisión Europea ha demandado a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no proteger contra el terrorismo todos los puertos de su red principal. El Gobierno estaba obligado a aplicar una directiva de 2005
que fijaba que en las instalaciones portuarias más importantes se
debían evaluar los riesgos y tener programas concretos de protección
contra atentados. El primer plazo para tener listos estos planes era
2007, pero a España se le concedió una prórroga hasta 2013. Sin embargo,
según los últimos datos de los que dispone la Comisión, aún faltan los
planes de nueve de los 67 puertos del país que están obligados a
tenerlo.
El Ministerio de Fomento sostiene que entre esta semana y la
siguiente se presentarán los programas que faltan. Añade que, los que
restan (Fomento dice que son siete), son puertos menores. Estos planes
los elabora en colaboración con Interior, que este jueves no ha aclarado
qué instalaciones faltan.
Esta directiva europea se aprobó tras los atentados de Madrid (marzo de 2004) y de Londres
(julio de 2005) en las redes de transporte público. En el preámbulo de
la norma se advierte de que "los sucesos que afectan a la protección
marítima producidos por actos terroristas figuran entre las amenazas más
graves a los ideales de democracia y libertad y a los valores de la
paz".
La norma especifica que hay que prestar especial atención a los
"buques de transbordo rodado" —popularmente conocidos como ferris—
dedicados a pasajeros o cargas al ser "especialmente vulnerables". La
directiva pedía que se adoptasen medidas para controlar los "automóviles
y vehículos de mercancías" que se embarcan en estos buques.
La Comisión advirtió en septiembre de 2014 a España de esta demanda.
Y, desde entonces, el Gobierno ha ido enviando información a Bruselas
sobre sus progresos. Pero la Comisión sostiene que del "último informe
de situación recibido el 14 de abril de 2015" se desprende "que, de los
67 puertos afectados por la normativa en cuestión, una evaluación y ocho
planes de protección portuaria están aún pendientes de aprobación". Dos
días después, la Comisión presentó la demanda. De momento, Bruselas
solo pide que España sea condenada al pago de las costas. Pero, de
persistir el incumplimiento, la Comisión volvería a demandar al Gobierno
y a solicitar una sanción. Es la forma habitual de actuar de Bruselas.
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