Margallo y Kerry negocian sellar en Madrid el pacto sobre Palomares

Estados Unidos se llevará la tierra contaminada por el accidente de hace 50 años

Joan Faus / Miguel González Washington / Madrid 11 OCT 2015 - 21:15 CEST

El general Arturo Montel (izquierda) felicita al vicealmirante de EE UU W. S. Guest tras el rescate de la bomba.

A pocos meses de que se cumpla el 50 aniversario del accidente de Palomares (Almería), Washington y Madrid ultiman un acuerdo para que Estados Unidos se lleve los alrededor de 50.000 metros cúbicos de tierra contaminada por la caída de dos bombas termonucleares. Las negociaciones entre los dos Gobiernos se han acelerado para que el acuerdo pueda ser anunciado durante la visita a Madrid del secretario de Estado estadounidense, John Kerry, el día 19.

Tras más de una década de negociaciones, EE UU ha aceptado llevarse la tierra contaminada por el mayor accidente con armas atómicas de la Guerra Fría, que lastra el desarrollo urbanístico de la pedanía almeriense y pende como una Espada de Damocles sobre la salud de sus vecinos. Aunque aún no hay decisión definitiva, el destino que se baraja es el Sitio de Seguridad Nacional de Nevada, en una zona desértica a 100 kilómetros al noroeste de Las Vegas.

Los dos Gobiernos negocian a toda velocidad para que el pacto se plasme en una declaración política conjunta que se haría pública durante la próxima, y primera, visita a España del secretario de Estado estadounidense, John Kerry. Luego, habrá que seguir negociando en el protocolo técnico que detallará las condiciones de empaquetado de la tierra (que se considera residuo de baja radioactividad), su traslado a EE UU, probablemente en barco, y las condiciones de almacenamiento. También habrá que acordar quién financia la operación, aunque se da por sentado que ambos países correrán con parte de los gastos. Se estima que la ejecución del plan durará hasta 24 meses, por lo que estaría concluida en 2017.

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Lo importante, según las fuentes consultadas, es que EE UU asuma el principio de que debe llevarse toda aquella tierra que no puede ser descontaminada in situ —España carece de almacenes para este tipo de residuos—, algo a lo que hasta ahora se había resistido para no crear un precedente que pudiera ser esgrimido por terceros países. Madrid, por su parte, renunciará a presentar cualquier futura reclamación sobre este asunto.

El programa anual del Departamento de Energía estadounidense, fechado en enero pasado, ya contemplaba el traslado a Nevada de estos desechos, aunque advertía de que el plan estaba en “una fase temprana de consideración”. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores remitió en julio pasado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) un informe de EE UU en el que evaluaba las distintas alternativas “para la restauración de los terrenos de Palomares”, según adelantó El Confidencial.

El 17 de enero de 1966, un bombardero B-52 y un avión cisterna KC-130 colisionaron durante un repostaje en vuelo. Cayeron cuatro bombas termonucleares, más potentes que las de Hiroshima y Nagasaki. Dos fueron recuperadas intactas, pero otras dos liberaron parte de su carga radioactiva. EE UU se llevó 5.500 bidones de tierra desde el puerto de Cartagena, pero quedó tierra contaminada e incluso dos zanjas en las que se enterraron restos de material de limpieza.

Durante décadas el asunto quedó olvidado, más allá de los rutinarios análisis de sangre a los que se sometía a los vecinos. Pero, a finales de los noventa, el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) dio la voz de alarma, al detectar en la zona niveles anormalmente altos de americio (producto de la descomposición del plutonio). Temía que los movimientos de tierras derivados de la burbuja inmobiliaria esparcieran el polvo radiactivo. En 2003, el Gobierno de José María Aznar decidió expropiar las tierras contaminadas para impedir su uso.

Tras un exhaustivo estudio, el Ciemat concluyó, ya en la etapa de Zapatero, que había 50.000 metros cúbicos de tierra contaminada con medio kilo de plutonio. Aunque apuntó la posibilidad de compactarla para reducir su volumen, que quedaría en unos 6.000 metros cúbicos, poco más de dos piscinas olímpicas.

El asunto fue abordado con sus homólogos estadounidenses por el ministro de Exteriores socialista Miguel Ángel Moratinos, por su sucesora, Trinidad Jiménez, y por el actual, José Manuel García-Margallo, sin lograr nunca cerrar el pacto.

Una portavoz del Departamento de Estado dijo ayer que no tenía nada que “anunciar en este momento”. Tampoco el Ministerio de Exteriores español quiso hacer ningún comentario.