La lucha por un patrimonio subacuático común hispánico: continúa el combate legal por el galeón San José en Panamá
Publicado por José María Lancho el oct 12, 2015
La idea de un patrimonio subacuático común hispánico
es una propuesta que tuve el honor de defender en el congreso IKUWA de
2014 pero a la que sólo han dado sentido práctico personalidades
americanas, algunas de las cuales, debido al peligro personal que les
supondría, no pueden compartir públicamente su nombre.
La resistencia panameña a los cazatesoros, conformada especialmente
por sociedad civil y un grupo de funcionarios y políticos honestos de
ese país, ha conseguido detener, por el momento, la actividad
cazatesoros de la empresa IMDI sobre el galeón San José y desde el derecho panameño.
Sin embargo, en este mismo momento, en el Club de Yates de Balboa en Amador, Panamá, permanece anclado el Blue Water Rose,
el buque que Blue Water Ventures International, proporciona a la
empresa cazatesoros IMDI (Investigaciones Marinas del Itsmo, S.A.) a
cambio, entre otras cosas, de una participación en el botín extraído.
Esta es una clave fundamental para entender el asunto.
La implicación del cártel cazatesoros de Florida en derredor del
galeón San José en Panamá es total, no sólo financiera y tecnológica
sino que, de hecho, es posible encontrarnos con nombres frecuentes en
la industria cazatesoros de Florida: James Sinclair, el historiador que ha refrendado más expolios subacuáticos de la industria; Dan Porter, el capitán originario del Blue Water Rose; Carol Tedesco, quien evaluó las monedas extraídas del San José y demás objetos para el reparto que se hizo a mediados del 2014; Cliff Sirman,
quien diseñó un supuesto programa de ordenador para el reparto de los
“tesoros” y que casualmente marginaba al Estado panameño en el reparto
dejando a IMDI las piezas de valor; Greg Bounds, otro reconocido cazatesoros de la Florida…
Puede parecer accidental que en las inmediaciones del Canal de Panamá la industria cazatesoros de Florida se dedique a expoliar un buque de Estado Español. Pero no es así.
En los últimos 20 años los
cazatesoros de Florida han demostrado que hay un principio legal
internacional -y de su propio país- que no reconocen: la inmunidad soberana de los buques de guerra.
En ese sentido la elección de Panamá, el país del canal que une dos
océanos, para hacer un ejercicio de demostración de que la legalidad
internacional que otorga inmunidad soberana a los buques de Estado
hundidos ya no es efectiva, no es accidental. De momento el cártel
cazatesoros han conseguido que las autoridades de Florida les permitan
vulnerar el principio a sus anchas en un claro desafío al Departamento
de Estado y a la US Navy. De conseguir lo mismo en Panamá, el mensaje de
unos ciudadanos norteamericanos sería de afirmación de la impunidad en
el acceso a los buques de Estado hundidos en todo el mundo.
No es la primera vez que los cazatesoros se fijan, además del
expolio, objetivos políticos o los utilizan como método para presionar a
los Gobiernos. En el caso Odyssey Marine pudimos ver cómo llegaron a colaborar con algunos de los grupos nacionalistas radicales de Gibraltar que en contra del derecho del Reino Unido –como pude demostrar desde este medio- pretendían convertir en disputadas las aguas de soberanía española en el mar de Alborán.
Los cazatesoros se prestaron para sostener estos argumentos y no
dudaron en crear una situación de desestabilización política en la zona
del Estecho.
Sin embargo, España vuelve a reincidir en lo que mas daño le hace:
sus leyes sueñan con ovejas de tinta (la ley de Navegación Marítima que
otorga la competencia a la Armada no se cumple y se prescinde
completamente de ella), falta de coordinación entre administraciones y
oscurantismo y falta de transparencia. Desgraciadamente y sin desmerecer
los esfuerzos que se están haciendo -incluida la búsqueda de los medios
allá donde puedan estar, como el Instituto Español de Oceanografía- y
la voluntad de renovación en algunos ámbitos, los grandes problemas del
viejo modelo siguen demostrándose como tónica.
Desde España me temo que hemos perdido más de un año por no emprender
una acción de gobierno, más allá de una carta desde una Secretaría de
Estado que, me temo, se quedó en un deseo de suerte a los panameños que
defienden el patrimonio. De hecho, para evitar una acción directa se
concibió enviar a la UNESCO con observadores españoles, provocando una crisis más en el sentido, alcance y posibilidades de la Convención UNESCO 2001.
La debilidad de la iniciativa fue detectada por los propios cazatesoros
que aprovecharon la ocasión para traerse refuerzos desde Florida.
Y es que estamos dando la equivocada impresión de estar más preocupados por evitar que la Ley de Navegación Marítima, la Armada, el Museo Nacional o la sociedad civil
puedan participar en la defensa del patrimonio cultural sumergido que
en la propia integridad de ese patrimonio o en obtener los mayores
resultados científicos.
El último equívoco que hemos podido denunciar -y evitar a tiempo- ha sido el intento de sustituir al referido Museo Nacional de Arqueología Subacuática y especialmente a la Armada,
que detenta las competencias y que sí podrían efectuar una acción de
Estado, en la ayuda al Gobierno panameño en este caso, pues estaba
previsto enviar en su lugar a representantes del Centro autonómico
andaluz de Arqueologia Subacuática (C.A.S.), con lo que eso representa de comprometer nuestra propia legalidad y desactivar un efectivo compromiso como Estado.
¿Es que se intenta comprometer el principio de inmunidad soberana de
nuestros buques históricos de guerra para evitar que pueda colaborar la
Armada en la defensa de este patrimonio común?
Con el debido respeto debemos recordar a algunos responsables del
Ministerio de Asuntos Exteriores -otros, afortunadamente, lo tienen
perfectamente claro- ya que son los que tienen estas ocurrencias
(en colaboración con otras administraciones) que existe una legalidad a
la que hay que atenerse, que la discrecionalidad opaca y nociva (y así
llevamos demasiados años) ni beneficia a los resultados prácticos, ni
desde luego sirve al principio de legalidad.
En las recientes Jornadas de Patrimonio Cultural Subacuático (28-30 de septiembre) en la Escuela de Patrimonio Histórico
de Nájera pude dedicar una contribución a este grupo de personas que
defienden el patrimonio histórico común hispánico desde Panamá y desde
México, recordando la importancia de este patrimonio cultural como punto
de reencuentro fundamental para las sociedades hispánicas tanto en el
Atlántico como en el área Asia-Pacífico.
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